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Cada año sólo se rehabilitan energéticamente en España 25.000 viviendas, aunque la cifra óptima se debería situar en las 250.000

Ésta es una de las conclusiones del último informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) y coordinado por el Green Building Council de España (GBCe) y la Fundación Conama, donde se propone una nueva Estrategia de Rehabilitación basada en la colaboración entre instituciones

Reportaje

La pasada semana, el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) presentó, durante el último Congreso Nacional de Medioambiente, Conama, su último informe titulado “Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación residencial”, un documento que busca la reflexión sobre las políticas públicas de fomento de rehabilitación edificatoria en nuestro país. De esta manera, el informe alerta sobre el desfase existente entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la realidad de la actividad rehabilitadora en nuestro país.

El informe, que pone el foco en los municipios como pieza clave en un proceso de cooperación institucional entre los diferentes niveles administrativos de nuestro país, destaca que en España, según el Ministerio de Fomento, se están rehabilitando energéticamente 25.000 viviendas al año, mientras que, según las últimas estimaciones, esta cifra debería alcanzar las 250.000 viviendas rehabilitadas anuales.

Así, los expertos del GTR subrayan que la rehabilitación sigue siendo una “asignatura pendiente” en nuestro país debido, en muchos casos, a la visión de las administraciones, que conciben la rehabilitación como “una actividad de interés privado”. Ante esta situación, el documento del GTR, y coordinado por el Green Building Council de España (GBCe) y la Fundación Conama, propone una nueva Estrategia de Rehabilitación basada en la colaboración entre instituciones.

Según los organismos, este mecanismo de colaboración debería impulsarse mediante un Plan Estatal de Rehabilitación que cuente con recursos procedentes de los ministerios de Fomento y el de Transición Energética, y en el que, a través de la participación de las Comunidades Autónomas, sean los propios municipios quienes impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios. De acuerdo con el documento, son las ciudades quienes, desde la proximidad, cuentan con un mayor conocimiento de la realidad urbana de su territorio y mayores recursos para colaborar con las comunidades de propietarios.

El Plan Estatal propuesto en el documento contempla una inversión anual de 3.750 millones de euros repartidos en la rehabilitación de unas 250.000 viviendas al año. Una inversión estatal que, a juicio de los expertos del GTR, generaría un retorno fiscal del 30%, es decir, unos 1.125 millones de euros, con los que se podrían sufragar acciones complementarias a la ejecución del plan.

Dichas acciones incluirían, entre otras medidas, una ayuda a la redacción de los proyectos técnicos de las obras de rehabilitación o la constitución de un fondo estatal reembolsable de apoyo a la rehabilitación. Dicho fondo, que prevé un desembolso por vivienda de hasta 15.000 euros, permitiría, según el documento, "descargar a los ayuntamientos de los compromisos financieros que se generan y conseguir así mayor capacidad de acción e incidencia". Además, también se contempla la creación de un fondo estatal de Garantía para la Rehabilitación, destinado a facilitar la concesión de créditos de interés fijo a largo plazo.

50 municipios podrían contar con una Estrategia local de Rehabilitación

El documento expuesto por los expertos en rehabilitación promueve que las actuaciones del Plan Estatal se vean acompañadas por una primera fase en la que los 50 municipios con más viviendas anteriores a 1980 cuenten con una Estrategia Local de Rehabilitación, que incluya un diagnóstico del estado del parque y las capacidades organizativas de sus propietarios. Según el informe, estos municipios representan el 60% del volumen de viviendas construidas antes de 1980.

Asimismo, los expertos proponen incidir con más énfasis en los entornos más económicamente vulnerables. Según el informe, así no solo se evitarán emisiones de CO2, sino que además, se crearía empleo verde en el sector y se lucharía “contra la pobreza energética y la segregación urbana”.

De esta manera, con la aprobación de las medidas propuestas por el documento, se espera el cumplimiento de los Compromisos Internacionales de lucha contra el cambio climático, así como la reducción de las desigualdades urbanas y la creación de empleo en el sector.

 

* Echa un vistazo al informe completo “Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación residencial”

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